Voz En Guardia por Javier Zapata.
Cuando el poder no escucha, no resuelve… y no le importa.
En teoría, el servicio público es una vocación. Un compromiso con el bien común. Una labor que exige empatía, responsabilidad y humildad. Pero en la práctica, en muchos niveles de gobierno, ese ideal ha sido reemplazado por algo muy distinto: indiferencia, arrogancia y simulación.
Quien acude a una oficina de gobierno con la esperanza de resolver un problema, ejercer un derecho o buscar apoyo, se enfrenta con demasiada frecuencia a una muralla invisible:
A la apatía del funcionario.
No hay respuestas claras, no hay soluciones eficaces. Sólo evasivas, papeleo interminable y una actitud que raya en el desprecio.
Una crisis silenciosa: la deshumanización del servicio público
Esta no es una crítica generalizada a todos los servidores públicos. Hay quienes sí entienden su labor como una responsabilidad seria. Pero lo que preocupa y duele, es que cada vez son menos. La vocación de servicio ha sido desplazada por una lógica fría, de cargos como botín político, de puestos asignados por lealtades y no por capacidades, y de estructuras públicas que premian la obediencia, no la eficacia.
A esto se suma una narrativa perversa desde dentro: “así ha sido siempre”, “yo sólo cumplo órdenes”, “si quieres rápido, paga un gestor”. La normalización del cinismo es uno de los daños más profundos a la relación entre Estado y ciudadanía.
Entre la omisión y el abuso
No es sólo lo que no hacen. Es también lo que permiten que ocurra:
• Programas sociales manipulados con fines electorales.
• Trámites retrasados a propósito para presionar o castigar.
• Recursos desviados mientras las comunidades esperan soluciones básicas.
• Denuncias ignoradas, abusos tolerados, derechos violados.
Y mientras tanto, el discurso oficial repite que “se está trabajando”, “que todo va bien”, “que se atiende a la gente”. Pero la gente no necesita discursos: necesita resultados.
¿Desinterés… o desprecio?
Lo más alarmante no es la ineficiencia, sino la actitud. No es que no puedan… es que muchas veces no quieren. El funcionario que cierra antes de tiempo, que maltrata al ciudadano, que ignora una urgencia médica, educativa o legal, no está sólo fallando en su trabajo: está agrediendo la confianza pública.
La administración pública no puede ser un refugio para el que no quiere trabajar, ni un negocio para el que busca enriquecerse. Debe ser un espacio para quienes tienen clara una misión: servir a la sociedad.
No es incapacidad: es desinterés, o peor aún… cinismo.
Y frente al cinismo institucional, la ciudadanía no puede quedarse callada. Exigir, denunciar y visibilizar es el primer paso para recuperar lo que el poder ha olvidado: que servir no es un privilegio, es una obligación.
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